Pacientes renales protestan en Quito ante nuevas amenazas de suspensión de diálisis
Pacientes renales protestan en Quito mientras persisten deudas estatales y alertas de suspensión de diálisis en varias clínicas del país.
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Para entender
- Pacientes renales realizaron un plantón este 29 de septiembre de 2026 en el centro de Quito para exigir al Gobierno garantías de continuidad de sus tratamientos.
- El reclamo ocurre después de que centros privados alertaran sobre interrupciones por pagos pendientes del Estado; una clínica de Quito advirtió que solo podía sostener la atención hasta el 30 de septiembre.
- El IESS informó el 15 de septiembre que había pagado USD 111,8 millones a prestadores de diálisis desde diciembre de 2025, pero reconoció un saldo pendiente de USD 136,2 millones.
Pacientes renales se concentraron este martes 29 de septiembre en el centro histórico de Quito para exigir que el Gobierno garantice la continuidad de las diálisis frente a los problemas de atención y las deudas que mantienen instituciones públicas con prestadores privados.
“Diálisis es vida, queremos vivir”, corearon los manifestantes. Para quienes sufren insuficiencia renal y dependen de este procedimiento, una interrupción no equivale simplemente a reprogramar una consulta: la terapia reemplaza parte de la función que los riñones ya no pueden realizar.
Las deudas presionan a las clínicas
El conflicto se ha agudizado durante septiembre. Pacientes han denunciado suspensiones o amenazas de suspensión en unidades privadas de Quito, Los Ríos, Azuay y Guayas, mientras algunos prestadores atribuyen las dificultades a atrasos en los pagos del Ministerio de Salud Pública y del IESS.
En Quito, por ejemplo, la clínica Diálisis Nefrology comunicó a sus pacientes que podía garantizar las sesiones únicamente hasta el 30 de septiembre, según información difundida durante una protesta del 25 de septiembre. La advertencia involucraba a unos 70 pacientes.
La situación no es idéntica en todos los prestadores. DaVita Ecuador, que había advertido que podría iniciar la transferencia de 3.850 pacientes derivados por el Ministerio de Salud si no alcanzaba un acuerdo de pago, informó el 28 de septiembre que llegó a un entendimiento con el Gobierno y dejó sin efecto esa transición. La empresa mantiene la atención en sus centros.
El Estado reconoce obligaciones pendientes
El IESS informó que entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 desembolsó USD 111,8 millones a prestadores externos de diálisis. Según la institución, sus obligaciones habían llegado a USD 248 millones y, después de esos pagos, quedaba un saldo de USD 136,2 millones.
Los pacientes sostienen que los desembolsos no han eliminado el riesgo de interrupciones. Durante septiembre, el Frente de Pacientes Renales del Ecuador ha realizado movilizaciones para reclamar además medicamentos, insumos y mecanismos que permitan denunciar inmediatamente una sesión suspendida.
Las cifras sobre el número de afectados también requieren precisión. El Frente maneja estimaciones de miles de personas que dependen regularmente de la diálisis, mientras publicaciones recientes citan alrededor de 20.800 personas que requieren alguna terapia de reemplazo renal en Ecuador. No existe en las fuentes públicas consultadas un respaldo suficiente para presentar como cifra oficial que existan exactamente 10.800 pacientes en diálisis.
Tampoco se pudo verificar de manera independiente la afirmación de que cerca de 5.000 pacientes renales han fallecido durante el Gobierno de Daniel Noboa. A inicios de septiembre, representantes del Frente habían hablado públicamente de cerca de 4.000 fallecimientos vinculados por la organización a deficiencias en la atención, pero esa atribución no equivale a una estadística oficial que establezca cuántas muertes fueron causadas directamente por falta de diálisis o medicamentos.
La continuidad sigue bajo vigilancia
El reclamo de este martes apunta a una cuestión concreta: que ningún paciente pierda una sesión mientras MSP, IESS y prestadores privados resuelven pagos, contratos y mecanismos de derivación.
El acuerdo alcanzado con DaVita reduce uno de los riesgos inmediatos que existían para octubre, pero no resuelve los problemas reportados en otras clínicas. Los pacientes mantienen las movilizaciones para exigir que la continuidad del tratamiento no dependa de cada negociación entre el Estado y los centros privados.
