El concurso para Fiscal General sigue con cinco aspirantes tras la salida provisional de Camacho y Romero

Para entender

• Cinco aspirantes siguen en el concurso para Fiscal General después de que la Comisión de Selección aceptara impugnaciones contra 21, entre ellas Daniella Camacho e Inés Romero.
• Las descalificaciones aún no son definitivas: los afectados pueden apelar ante el Pleno del CPCCS, que decide en única instancia.
• Carlos Alarcón tiene hoy el mejor puntaje de méritos entre los cinco, pero falta la fase de oposición, que vale la otra mitad de la nota.

Cinco aspirantes siguen en el concurso para designar al Fiscal General del Estado: Carlos Alarcón Argudo, fiscal general encargado; Andrea Cazar Villacís; Mario Fonseca Vallejo; Juan Guaño Costales, y Patricio Haro Aldean. La Comisión Ciudadana de Selección aprobó el 6 de octubre los informes sobre las impugnaciones ciudadanas y dejó fuera a otros 21.

Entre los descalificados están dos de las aspirantes mejor puntuadas en méritos: la jueza de la Corte Nacional Daniella Camacho y la jueza provincial de Pichincha Inés Maritza Romero Estévez. También salió el exjuez nacional Walter Macías.

La decisión todavía no es definitiva. Los descalificados pueden apelar ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que resolverá con base en los expedientes. Según el propio Consejo, esa decisión será de única y definitiva instancia. Hasta entonces, la lista de cinco es provisional.

La probidad notoria definió las descalificaciones

Las audiencias públicas se celebraron del 14 de septiembre al 1 de octubre. En ellas se tramitaron 41 impugnaciones contra 26 postulantes, y tres se archivaron porque el impugnante no se presentó. Si la Comisión acepta una impugnación, el postulante queda descalificado y no puede seguir en el proceso.

Contra Camacho, la Comisión aceptó una de seis impugnaciones; contra Romero, tres. Las impugnaciones cuestionaban la probidad notoria de los aspirantes, uno de los requisitos que el artículo 196 de la Constitución exige para el cargo, junto con al menos diez años de ejercicio en la abogacía, la judicatura o la docencia en materia penal.

La votación sobre Camacho no fue unánime. El comisionado Hugo Ludeña votó en contra y sostuvo que no había motivos jurídicos para descalificarla. En el caso de Alarcón, su único impugnante no asistió a la audiencia y el reclamo se archivó, por lo que sigue en carrera.

Alarcón encabeza los méritos, pero falta la mitad de la nota

En el cuadro oficial de calificación de méritos del CPCCS, Alarcón tiene 46,5 de 50 puntos, la nota más alta entre los cinco que siguen. Ninguno de los otros cuatro llega a 38.

Ese orden no convierte a nadie en ganador. Los méritos valen la mitad de la calificación final y la otra mitad sale de la fase de oposición, con una prueba escrita y otra oral. Solo después de esa fase habrá una puntuación completa.

El puntaje de Alarcón también fue cuestionado. En mayo, la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso, formada por organizaciones de la sociedad civil, gremios y la academia, calculó en un informe paralelo que le correspondían 40 puntos, no 46,5. La cifra oficial sigue siendo 46,5.

El Pleno del CPCCS elegirá al titular por puntaje

El Fiscal General no lo nombran ni el presidente ni la Asamblea. Lo designa el Pleno del CPCCS tras un concurso público de méritos y oposición, que conduce una Comisión Ciudadana de Selección con veeduría e impugnación ciudadana. Según el artículo 209 de la Constitución, el Consejo escoge a quien obtenga la mejor puntuación e informa a la Asamblea Nacional para su posesión. El periodo dura seis años, sin reelección.

Hasta ahora, el calendario cumplido es este: las impugnaciones se recibieron hasta el 31 de julio; el 28 de agosto el Pleno sumó tres por apelación, hasta llegar a 41; las audiencias terminaron el 1 de octubre, y la Comisión resolvió el 6 de octubre. Una veeduría ciudadana acreditada vigila el proceso y eligió a su directiva el 13 de abril.

Quedan pendientes, sin fecha pública, la notificación de las resoluciones, las apelaciones ante el Pleno y el informe final de la Comisión. El cronograma que la Comisión actualizó el 26 de agosto prevé la prueba escrita el 28 de noviembre, la oral el 19 de diciembre y la designación entre el 24 y el 28 de diciembre de 2026.