Ecuador absuelve a 32 tripulantes de barcos hundidos por EE. UU. por falta de pruebas

Para entender

• El 7 de octubre de 2026, una jueza ecuatoriana absolvió a 32 tripulantes de dos embarcaciones destruidas por fuerzas estadounidenses en el océano Pacífico.
• Los procesados estaban acusados de asociación ilícita por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero la Fiscalía no logró demostrar su participación en actividades delictivas.
• La sentencia es de primera instancia y constituye el primer fallo de tres procesos judiciales que involucran a 88 tripulantes de cinco embarcaciones atacadas.
• El juicio de los 46 tripulantes previsto el 8 de octubre en Manta se suspendió por inasistencia de testigos de la Fiscalía y fue reprogramado para el 23 de octubre.

Ecuador absuelve a 32 tripulantes de barcos hundidos por EE. UU. por falta de pruebas

Una jueza de Ecuador absolvió este miércoles 7 de octubre de 2026 a 32 tripulantes de dos barcos pesqueros interceptados y hundidos por militares de Estados Unidos. Los hombres habían sido procesados por presunta asociación ilícita, luego de que las autoridades estadounidenses vincularan las embarcaciones con operaciones de narcotráfico.

La resolución favorece a ocho tripulantes del Conquista 2 y 24 del María Candelaria, embarcaciones destruidas durante una serie de operaciones militares estadounidenses realizadas en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.

La decisión judicial establece que la Fiscalía no consiguió probar que los acusados hubieran participado en actividades ilícitas. La sentencia, sin embargo, todavía puede ser apelada y no constituye un pronunciamiento sobre la legalidad de los ataques estadounidenses.

Estados Unidos vinculó los barcos con Los Choneros

Entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, fuerzas estadounidenses interceptaron y destruyeron ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el Pacífico oriental, como parte de operaciones dirigidas contra las redes logísticas del narcotráfico.

El Comando Sur de Estados Unidos sostuvo que los barcos funcionaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible para lanchas utilizadas en el transporte de drogas hacia Norteamérica. Según la versión militar, esas operaciones estaban vinculadas con Los Choneros, organización criminal ecuatoriana relacionada con redes internacionales del narcotráfico.

El mecanismo señalado por Washington consiste en utilizar embarcaciones que permanecen en alta mar para suministrar combustible a otras naves. Ese sistema permitiría ampliar la autonomía de las lanchas utilizadas para transportar cargamentos ilícitos sin necesidad de regresar a puerto.

Sin embargo, la existencia de esa modalidad de abastecimiento no demuestra, por sí sola, que una embarcación determinada participe en actividades delictivas. Tampoco acredita que todos sus tripulantes conozcan o intervengan en una operación ilegal.

La Fiscalía no demostró la asociación ilícita

Durante el proceso penal, la Fiscalía debía presentar elementos suficientes para demostrar la participación de los acusados en una asociación ilícita, delito que requiere acreditar un acuerdo entre personas para cometer infracciones penales.

El abogado Juan Alvia, defensor de los procesados, explicó que la jueza revisó las pruebas presentadas y concluyó que no se había demostrado la comisión de actos ilícitos por parte de los tripulantes.

Según el defensor, durante el juicio la Fiscalía ecuatoriana tampoco presentó informes de investigaciones estadounidenses que relacionaran directamente a sus clientes con operaciones de narcotráfico o tráfico de combustibles.

Esta diferencia resulta determinante: una sospecha formulada durante un operativo militar no equivale a una prueba de responsabilidad penal. Para obtener una condena, la acusación debe demostrar ante un tribunal los elementos del delito y la participación de cada procesado.

Los 32 tripulantes habían recuperado previamente su libertad bajo medidas judiciales que incluían restricciones para salir del país y presentaciones periódicas ante las autoridades. La absolución resuelve ahora el fondo de la acusación penal en primera instancia.

La absolución abre otro debate sobre los ataques

La sentencia se produce después de que Human Rights Watch (HRW) cuestionara las condiciones en que fueron interceptadas las embarcaciones y detenidas sus tripulaciones.

En un informe publicado el 2 de octubre de 2026, la organización señaló que las operaciones estadounidenses habían afectado a ocho barcos con aproximadamente 160 tripulantes, de los cuales más de 140 fueron detenidos.

HRW documentó denuncias de personas que afirmaron haber recibido golpes, amenazas y presiones para reconocer una supuesta participación en actividades ilícitas. La organización también advirtió que Estados Unidos y Ecuador no habían divulgado pruebas sólidas que vincularan individualmente a los detenidos con delitos.

La investigación de derechos humanos no pudo determinar si alguna embarcación efectivamente funcionaba como estación clandestina de abastecimiento. También planteó que la destrucción de los barcos pudo eliminar elementos materiales útiles para establecer qué ocurrió.

Por eso, HRW solicitó a ambos gobiernos revelar la base legal de las operaciones militares, explicar los criterios utilizados para interceptar y hundir embarcaciones e investigar las denuncias de posibles abusos.

La absolución de los tripulantes no determina automáticamente que la intervención militar haya sido ilegal. Son dos cuestiones distintas: una corresponde a la responsabilidad penal de los pescadores y otra a la legalidad de las actuaciones de las fuerzas estadounidenses y ecuatorianas.

Otros 56 tripulantes esperan una decisión judicial

El fallo del 7 de octubre es el primero de tres procesos contra 88 tripulantes de cinco embarcaciones destruidas durante las operaciones estadounidenses.

El segundo juicio, contra 46 tripulantes de las embarcaciones Siempre Don Carlos y Karla Franccesca, debió realizarse el 8 de octubre en Manta, pero la jueza lo suspendió porque no comparecieron testigos citados por la Fiscalía. La reinstalación quedó fijada para el 23 de octubre de 2026. Un tercer procedimiento, que involucra a otros 10 tripulantes del Don Rufo, sigue previsto para el 20 de octubre de 2026.

El abogado Juan Alvia considera que la primera absolución podría servir como antecedente para los otros casos. No obstante, cada tribunal deberá examinar las pruebas correspondientes antes de adoptar una resolución.

La defensa también analiza posibles acciones legales relacionadas con la destrucción de las embarcaciones y las condiciones en que sus ocupantes fueron interceptados, retenidos y posteriormente entregados a las autoridades ecuatorianas.

Por ahora, el resultado judicial deja una diferencia entre las acusaciones estadounidenses y lo demostrado ante la justicia ecuatoriana: dos embarcaciones fueron destruidas bajo sospechas de narcotráfico, pero no se acreditó la responsabilidad penal de estos 32 tripulantes.