Prisión preventiva para Johana Núñez pone bajo presión a la Prefectura de Santo Domingo y al correísmo local

Para entender

• La jueza Mabel Tapia Rosero ordenó este 6 de septiembre de 2026 la prisión preventiva de la prefecta Johana Núñez por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito y dispuso la retención de USD 309.646 y la prohibición de enajenar sus bienes.
• La Fiscalía sustentó la formulación de cargos, entre otros elementos, en declaraciones patrimoniales: Núñez pasó de declarar un patrimonio de unos USD 1,2 millones en 2019 a USD 4,9 millones en 2022.
• El caso irrumpe en la antesala de las elecciones seccionales de 2027. Núñez ya no puede buscar una tercera elección como prefecta: fue elegida en 2019 y reelegida en 2023.

La justicia ordenó prisión preventiva para Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, dentro de una investigación de la Fiscalía General del Estado por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión se tomó este domingo 6 de septiembre, al retomarse en Quito la audiencia de formulación de cargos que había quedado suspendida cuatro días antes.

La jueza anticorrupción Mabel Tapia Rosero aceptó el pedido de Fiscalía y ordenó además la retención de USD 309.646 y la prohibición de enajenar los bienes de Núñez. La Policía quedó encargada de ubicarla y detenerla, mientras la prefecta siguió la diligencia de manera telemática.

La investigación gira alrededor de un salto patrimonial

El origen inmediato de la causa está en las declaraciones patrimoniales de Núñez que Fiscalía presentó como elementos de convicción durante la audiencia del 2 de septiembre.

En 2019, cuando inició su primer período como prefecta, Núñez declaró un patrimonio de alrededor de USD 1,2 millones. Para 2022, esa declaración registró USD 4,9 millones, una diferencia de unos USD 3,7 millones. Esos datos también fueron recogidos en una investigación de Spondylus Info Lab dentro de la serie “Alcaldes y prefectos bajo la lupa”.

La Fiscalía formuló cargos el 2 de septiembre y pidió prisión preventiva para garantizar la comparecencia de la funcionaria durante el proceso. La audiencia se suspendió ese día para que la jueza analizara la medida. Cuatro días después llegó la resolución que ordenó la prisión.

La investigación también alcanza a Wilmer David Rivas Ontaneda, Fabián Alexander Rivas Calderón y Gabriel Antonio Rivas Núñez. Ellos no fueron procesados en esa audiencia porque son candidatos para los comicios del 29 de noviembre de 2026 y, según lo expuesto en el proceso, están protegidos por inmunidad electoral.

La primera audiencia estaba prevista para el 25 de agosto, pero no pudo instalarse mientras se verificaba esa condición ante el Consejo Nacional Electoral.

Núñez ha rechazado las acusaciones y ha calificado el caso como una persecución política o una calumnia. La Revolución Ciudadana, movimiento que respaldó su reelección de 2023, también salió en su defensa y calificó el proceso de persecución política.

La causa llega cuando Santo Domingo ya mueve sus fichas para 2027

La dimensión electoral del caso tiene un límite importante: Núñez no estaba habilitada para buscar una tercera elección como prefecta.

La Constitución establece que las autoridades de elección popular pueden reelegirse una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Núñez ganó la Prefectura en 2019 y fue reelegida en 2023, por lo que su período actual, 2023-2027, es el segundo.

Su primera elección fue con una alianza entre Democracia Sí y Construir. En 2023 volvió a ganar, esta vez con la alianza Somos Todos, integrada por Revolución Ciudadana y Construir. Obtuvo el 41,22% de los votos, de acuerdo con los resultados electorales de ese proceso.

Por eso, la pregunta electoral no es si Núñez buscaba reelegirse como prefecta en 2027: esa posibilidad estaba cerrada por la Constitución. Tampoco hay, en la información pública revisada, una candidatura formal de Núñez para otra dignidad en los comicios de 2027.

Lo que sí estaba en movimiento era la sucesión política en Santo Domingo. El escenario provincial comenzó a definirse desde inicios de 2026, con nombres que buscaban posicionarse para la Prefectura y la Alcaldía.

deEn agosto, por ejemplo, Carlos Landaheta renunció a la Viceprefectura y fue reemplazado por Alfonso Andrade, en una reorganización que ocurre mientras se acerca la elección.

El Consejo Nacional Electoral denomina al proceso Elecciones Seccionales y CPCCS 2027, aunque la jornada de votación está fijada para el domingo 29 de noviembre de 2026. Ese día se elegirán prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS para el período 2027-2031.

Así, la prisión preventiva no modifica una candidatura de Núñez a la Prefectura —esa opción ya estaba constitucionalmente agotada—, pero sí golpea al grupo político que ha administrado la provincia durante sus dos períodos y llega en un momento en que Revolución Ciudadana y sus aliados deben definir quién competirá para conservar ese espacio de poder.