Lenín Moreno y otros 11 sentenciados buscan evitar la cárcel por el caso Sinohydro
Lenín Moreno, su familia y otros nueve condenados buscan suspender sus penas por Sinohydro. Fiscalía pidió rechazar los 12 pedidos.
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Para entender
- 12 de los 20 condenados por el caso Sinohydro pidieron la suspensión condicional de sus penas, entre ellos Lenín Moreno, su esposa, su hija y sus dos hermanos.
- La suspensión no elimina las reparaciones económicas. Moreno debe pagar USD 58.026; Rocío González, USD 4.704; e Irina Moreno, USD 156.000.
- Fiscalía pidió rechazar los 12 pedidos. El Tribunal analizaba las solicitudes este 7 de septiembre y aún no había anunciado su decisión.
La Corte Nacional de Justicia analiza este lunes 7 de septiembre los pedidos de suspensión condicional de la pena de 12 de los 20 condenados por el caso Sinohydro.
Entre quienes hicieron la solicitud están el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno y sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno.
La suspensión condicional busca que las penas de prisión no se cumplan en una cárcel, sino bajo condiciones fijadas por los jueces. No borra la sentencia ni las reparaciones económicas ordenadas por el Tribunal.
Quiénes pidieron la suspensión
Lenín Moreno fue condenado a cinco años de prisión por cohecho. Su esposa, su hija y sus hermanos recibieron penas de dos años y seis meses como cómplices.
También solicitaron la suspensión el empresario Conto Patiño, sus hijos Patricia y Juan Carlos, el exembajador chino Cai Runguo y otros sentenciados.
En total, 12 pedidos fueron admitidos.
Un pedido adicional, presentado por Manuel Ignacio Patiño, no fue admitido porque llegó fuera del plazo. Por eso el Tribunal analiza 12 solicitudes.
La pena puede suspenderse, pero las reparaciones siguen
La defensa de Moreno sostiene que puede aplicarse la versión anterior del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente cuando ocurrieron los hechos investigados.
Esa norma permitía suspender determinadas penas de hasta cinco años. Sin embargo, una reforma de 2021 excluyó al cohecho de este beneficio.
Las defensas sostienen que debe aplicarse la norma más favorable porque los hechos investigados ocurrieron antes de esa reforma.
La suspensión tampoco elimina las obligaciones económicas establecidas en la sentencia.
Moreno debe pagar USD 58.026 por reparación integral. Su abogado presentó garantías financieras para respaldar ese pago.
Rocío González debe pagar USD 4.704 y Irina Moreno, USD 156.000. La defensa de González ofreció pagar su reparación y presentó documentos relacionados con bienes para respaldar el pago correspondiente a Irina.
En términos simples: lo que está en discusión es dónde y bajo qué condiciones cumplen la pena de prisión, no si deben pagar las reparaciones ordenadas por la sentencia.
Fiscalía quiere que los 12 pedidos sean rechazados
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, pidió rechazar las 12 solicitudes.
Fiscalía sostiene que las defensas no pueden utilizar el principio de favorabilidad para aplicar una norma anterior únicamente con el objetivo de acceder a la suspensión.
También argumenta que los solicitantes no cumplen los requisitos para obtener el beneficio y que deben considerarse la gravedad y la modalidad de las conductas por las que fueron condenados.
Para la Fiscalía, cuando comenzó la instrucción penal, en 2023, el cohecho ya estaba excluido de la suspensión condicional.
La sentencia que condenó a Moreno y a los demás procesados fue dictada el 28 de agosto. Ahora el Tribunal debe resolver un asunto diferente: si esas penas de prisión pueden cumplirse bajo un régimen de suspensión condicional.
La audiencia comenzó después de las 14:30. El juez Manuel Cabrera dispuso un receso pasadas las 16:00 para continuar con las exposiciones de las defensas.
Al cierre de esta nota, el Tribunal todavía no había resuelto si acepta o rechaza los 12 pedidos.
El caso Sinohydro se originó en una investigación sobre una estructura de pagos vinculada con la construcción de Coca Codo Sinclair. Según Fiscalía, el esquema movilizó alrededor de USD 76,1 millones en pagos indebidos. Moreno ha rechazado las acusaciones y sostiene que nunca recibió dinero.
