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NOTICIA

El caso de Abdalá Bucaram puede prescribir en 2027 mientras seis audiencias siguen sin sentencia

El caso de Abdalá Bucaram puede prescribir en 2027. Seis audiencias han fallado y la Justicia revisa sus hospitalizaciones mientras el plazo corre.

Abdalá Bucaram acostado en una cama hospitalaria.
Abdalá Bucaram acostado en una cama hospitalaria.

Para entender

  • Fiscalía advirtió el 30 de julio de 2026 que la acción penal contra Abdalá y Jacobo Bucaram está próxima a prescribir: el plazo se ubica entre agosto y septiembre de 2027.
  • Las tres últimas audiencias fallaron por la ausencia de Abdalá, quien pasó por distintos centros médicos tras una operación de emergencia el 25 de agosto.
  • El Tribunal ahora ordenó vigilancia policial, detención cuando reciba el alta y revisión de los informes médicos de Interhospital, OmniHospital y Clínica Borja.

El caso Pruebas COVID-19 lleva casi seis años sin sentencia y ahora enfrenta un límite de tiempo: la acción penal contra Abdalá y Jacobo Bucaram podría prescribir entre agosto y septiembre de 2027, según la advertencia que la fiscal Lidia Sarabia hizo el 30 de julio de 2026.

La causa comenzó en agosto de 2020 y llegó a juicio en abril de 2025. Fiscalía acusa a Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram, el ciudadano israelí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito Leandro Berrones por presunta delincuencia organizada relacionada con la comercialización de unas 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos. Fiscalía presentó sus alegatos finales el 14 de mayo de 2026 y pidió sentencia para los cuatro procesados.

Seis convocatorias y tres ausencias de Bucaram

La lectura de la resolución debía realizarse el 2 de julio, pero fue diferida a pedido de la defensa. Después hubo nuevos aplazamientos, incluido uno por la ausencia del juez ponente Gandhy Cervantes. En total, la audiencia ha fallado seis veces.

Las tres últimas tienen un elemento común: Bucaram no estuvo presente. El 25 de agosto, según su abogado, fue sometido a una operación de emergencia. Para la audiencia del 26 de agosto, la defensa informó que permanecía en UCI y pidió otro diferimiento.

El 31 de agosto, la defensa comunicó que Bucaram estaba internado en OmniHospital, en Guayaquil. El Tribunal envió a un agente del Bloque de Búsqueda para verificarlo, pero el policía no logró obtener información suficiente en ese momento y la diligencia volvió a fallar.

Para la siguiente convocatoria, el 3 de septiembre, la defensa informó que Bucaram estaba en la Clínica Borja. Su abogado dijo que permanecía inconsciente y con un cuadro crítico.

Esta vez hubo una verificación directa. Un agente del Bloque de Búsqueda acudió a la clínica y confirmó con el médico de turno que Bucaram ingresó el 2 de septiembre y permanecía en UCI con pronóstico reservado.

Las fechas corresponden, por tanto, a momentos distintos: operación de emergencia el 25 de agosto; hospitalización reportada en OmniHospital el 31 de agosto; ingreso a Clínica Borja el 2 de septiembre; y verificación policial de su permanencia en UCI el 3 de septiembre.

El Tribunal no se limitó a aceptar esa información. Ordenó que Bucaram permanezca bajo vigilancia policial permanente mientras esté hospitalizado y que sea detenido cuando reciba el alta para garantizar su comparecencia en la próxima audiencia. También pidió al Ministerio de Salud Pública revisar los informes médicos de Interhospital, OmniHospital y Clínica Borja. Si de esa revisión aparecen elementos que lo ameriten, los jueces plantearon investigar a los establecimientos por una posible obstrucción a la justicia.

El reloj de la prescripción corre mientras la causa sigue pendiente

La Fiscalía volvió a cuestionar las postergaciones después de la sexta audiencia fallida y pidió investigar lo ocurrido.

La secuencia no significa que todas las demoras sean atribuibles a Bucaram: una de las anteriores ocurrió por la ausencia del juez ponente y otra por la falta de un abogado y una perita. Pero las tres últimas sí estuvieron vinculadas con la ausencia del expresidente.

El punto de fondo es el plazo. La Fiscalía ya advirtió que el caso puede llegar a la prescripción en 2027 y todavía no existe una sentencia oral. El próximo movimiento dependerá de la recuperación de Bucaram, de la revisión de sus informes médicos y de la capacidad del Tribunal para volver a instalar la audiencia antes de que venza ese plazo.