La Comisión de Justicia aprueba el informe sobre la resolución que suprimió las unidades anticorrupción de Quito
La Comisión de Justicia aprobó el informe sobre la resolución que suprimió las unidades anticorrupción de Quito. El caso pasa ahora al Pleno de la Asamblea.
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Para entender
- La Comisión de Justicia aprobó su informe sobre la Resolución 187-2026 del Consejo de la Judicatura, la noche del jueves 8 de octubre.
- La resolución suprimió las unidades anticorrupción de Quito: los casos pasaron a jueces penales ordinarios.
- Ahora decide el Pleno de la Asamblea, todavía sin fecha. Mientras tanto, la resolución sigue vigente.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó la noche del jueves 8 de octubre el informe de su investigación sobre la Resolución 187-2026 del Consejo de la Judicatura, la que reorganizó la justicia especializada en corrupción y crimen organizado de Quito. La comisión, presidida por Rosa Torres (ADN), tenía ese único punto en la Sesión 136. El informe se aprobó con 6 votos a favor, 3 en contra y 1 ausencia, según el tablero de votación de la sesión.
Con este informe concluye la fiscalización que el Pleno ordenó el 17 de septiembre con 85 votos. Según esa decisión, la comisión debía entregar al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones. Hasta las 07:20 de este viernes, ni la Asamblea ni la comisión habían publicado el texto aprobado.
La resolución trasladó los casos a jueces penales ordinarios
La Judicatura aprobó la Resolución 187-2026 por unanimidad el 7 de septiembre, con la firma de su presidenta, Mercedes Caicedo. Su artículo 1 suprime en Quito la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en corrupción y crimen organizado, el Tribunal de Garantías Penales Especializado y la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Pichincha.
Las competencias pasaron a dependencias ordinarias. Las etapas previas al juicio quedaron en la Unidad Penal de Iñaquito; las flagrancias, en la Unidad de Flagrancia de Mariscal Sucre; el juicio, en el Tribunal Penal de Iñaquito, y la segunda instancia y los casos de fuero, en la Sala Penal de la Corte de Pichincha. Para estos delitos se mantiene la competencia territorial nacional. La resolución rige desde su aprobación.
Una disposición transitoria protege los procesos abiertos: las causas con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de decisión siguen con los mismos jueces hasta su conclusión. El 8 de octubre, la Judicatura informó que se reasignaron 658 causas y que otras 172 continúan con sus jueces. Tres de estas fueron enviadas en consulta a la Corte Constitucional.
La Judicatura sostiene que la especialidad se mantiene
Horas antes de la sesión, la directora nacional de Gestión Procesal, Denisse Coronel, afirmó que la resolución «no elimina la competencia especializada, la reorganiza». En otro comunicado, la Judicatura señaló que los jueces penales capacitados para estos casos pasaron de 19 a más de 50. Hasta la mañana del viernes no había una reacción institucional al voto de la comisión.
Ahora el informe debe pasar al Pleno de la Asamblea, que lo conocerá y someterá a votación. No hay fecha para ese debate. Mientras tanto, la Resolución 187-2026 sigue vigente.
