Justicia

El caso Pruebas COVID acumula diferimientos y enfrenta riesgo de prescripción en 2027

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Para entender

  • El proceso por presunta delincuencia organizada contra Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otros dos procesados lleva casi seis años sin sentencia.
  • El juicio se instaló finalmente en abril de 2025, después de 11 diferimientos, y la Fiscalía presentó sus alegatos finales el 14 de mayo de 2026.
  • La audiencia para conocer la resolución volvió a suspenderse el 26 de agosto por la ausencia de Abdalá Bucaram, quien, según su defensa, permanecía en una unidad de cuidados intensivos.
  • La Fiscalía ha advertido sobre el riesgo de que la acción penal prescriba en agosto de 2027 si no existe sentencia.

La causa por presunta delincuencia organizada relacionada con la comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 e insumos médicos continúa sin sentencia después de casi seis años de proceso.

El caso se inició formalmente en agosto de 2020 y la audiencia de juzgamiento fue convocada inicialmente en octubre de 2021. Sin embargo, el juicio se instaló recién en abril de 2025, después de 11 diferimientos.

La etapa de presentación de pruebas concluyó en mayo de 2026. El 14 de mayo, la Fiscalía presentó sus alegatos finales y solicitó sentencia para los cuatro procesados.


Un proceso marcado por sucesivos diferimientos

Después del cierre de la etapa probatoria, el tribunal debía anunciar su resolución. La audiencia prevista para el 3 de julio no se instaló luego de un pedido de diferimiento planteado por la defensa de Abdalá Bucaram. La diligencia fue trasladada al 3 de agosto.

El 3 de agosto tampoco se pudo avanzar con la lectura de la resolución debido a la ausencia del juez ponente. Posteriormente, la audiencia fue convocada para el 7 de agosto, pero nuevamente fue declarada fallida por la ausencia del abogado de uno de los procesados y de una perito que debía traducir la diligencia al hebreo.

El 26 de agosto se produjo un nuevo aplazamiento. La defensa de Abdalá Bucaram informó que el expresidente se encontraba internado en una UCI tras una intervención médica de emergencia. El juez Gandhy Cervantes dispuso que esa condición sea acreditada y fijó una nueva fecha para la audiencia.

La reinstalación quedó fijada para el 31 de agosto de 2026, a las 17:00. Si tampoco se instala ese día, el tribunal estableció como siguiente fecha el 3 de septiembre, también a las 17:00.

Cómo se extendió el caso

  1. Inicio de las actuaciones judiciales

    Fiscalía ejecuta seis allanamientos simultáneos en Guayas y Pichincha y detiene a cuatro personas por su presunta implicación en delincuencia organizada.

  2. Abdalá y Jacobo Bucaram son llamados a juicio

    La Corte Provincial de Justicia de Pichincha acepta la apelación de Fiscalía y llama a juicio a ambos por presunta delincuencia organizada.

  3. El juicio vuelve a diferirse

    La audiencia de juicio prevista para esa fecha se difiere por cuarta vez, según el registro de Fiscalía.

  4. Se instala la audiencia de juicio

    Después de varios diferimientos, se instala la etapa de juzgamiento y Fiscalía inicia la práctica de pruebas.

  5. Fiscalía presenta sus alegatos finales

    El Ministerio Público solicita sentencia para los cuatro procesados y concluye su intervención de cierre.

  6. La audiencia de resolución vuelve a suspenderse

    La diligencia no avanza por la ausencia de Abdalá Bucaram. El tribunal fija el 31 de agosto de 2026 a las 17:00 como nueva fecha y el 3 de septiembre de 2026 a las 17:00 como siguiente convocatoria.

Fuentes: Fiscalía General del Estado; Consejo de la Judicatura; Datos verificados al 27 de agosto de 2026.

¿Por qué existe riesgo de prescripción?

La Fiscalía ya advirtió que la demora del proceso genera un riesgo de prescripción. En un oficio dirigido al fiscal general subrogante, la fiscal Lidia Sarabia señaló que la causa lleva casi seis años sin sentencia y alertó sobre la proximidad del vencimiento de la acción penal.

Si no existe sentencia hasta agosto de 2027, el proceso podría prescribir para Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram, tomando en cuenta la pena solicitada por Fiscalía para ellos, de cinco a siete años.

Esto no significa que el proceso haya prescrito ni que necesariamente vaya a hacerlo. El riesgo señalado por la Fiscalía depende de que la causa permanezca sin una sentencia dentro del plazo correspondiente.

Qué se investiga en el caso Pruebas COVID

La investigación se relaciona con la presunta comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 e insumos médicos durante los primeros meses de la pandemia.

La Fiscalía sostiene que cuatro personas fueron procesadas por presunta delincuencia organizada y que la estructura habría obtenido beneficios económicos mediante esas operaciones. El 14 de mayo de 2026, el Ministerio Público pidió sentencia para los cuatro procesados.

Entre los procesados están el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el ciudadano israelí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito Leandro Berrones.

La próxima fecha clave

La próxima audiencia está prevista para el 31 de agosto de 2026. El tribunal dejó además fechas consecutivas para evitar nuevos vacíos en el calendario: si no se instala ese día, la diligencia deberá volver a convocarse el 3 de septiembre.

El objetivo es que el tribunal pueda finalmente emitir su decisión oral dentro de una causa que comenzó en 2020 y que, seis años después, todavía no tiene sentencia.

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