Fiscalización califica juicio político contra David Rosero por una supuesta reunión con una postulante a Fiscal General

Para entender

• El CAL admitió el pedido el 31 de agosto de 2026 y la Comisión de Fiscalización lo calificó con seis votos el 5 de septiembre.
• El asambleísta Sergio Peña sostiene que unas imágenes difundidas a finales de julio muestran a Rosero con la postulante Inés Romero. Ella niega haberse reunido con integrantes del CPCCS.
• Rosero enfrenta el proceso mientras continúa el concurso para Fiscal General y después de apelar el 30 de agosto ante el TCE su exclusión de la lista de candidatos a la reelección como consejero del CPCCS.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional calificó el 5 de septiembre de 2026 la solicitud de juicio político contra David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La decisión fue aprobada con seis votos, cinco días después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitiera el pedido.

La solicitud fue presentada por el asambleísta Sergio Peña, quien acusa a Rosero de un presunto incumplimiento de funciones. El legislador sostiene que el consejero mantuvo una reunión con Inés Romero, una de las postulantes al concurso para designar al próximo Fiscal General del Estado.

Rosero aún no ha presentado sus descargos dentro del proceso. La calificación de la solicitud abre el trámite legislativo, pero no resuelve la acusación. A partir de esta etapa, el consejero podrá ejercer su derecho a la defensa y presentar pruebas.

La acusación se basa en imágenes difundidas en julio

A finales de julio de 2026 comenzaron a circular en redes sociales fotografías y videos en los que supuestamente aparecen Rosero y Romero juntos. Peña afirma que recibió ese material y que constituye uno de los elementos que sustentan el pedido de juicio político.

Romero negó haberse reunido con integrantes del CPCCS durante el concurso para Fiscal General. También cuestionó la autenticidad y el origen de las imágenes y pidió que sean investigados.

La Comisión de Fiscalización no resolvió el 5 de septiembre si la reunión ocurrió o si constituyó una infracción. Su decisión fue calificar la solicitud y abrir el trámite legislativo. La Asamblea informó que el proceso deberá garantizar la participación de Peña y el derecho a la defensa de Rosero.

El caso ocurre durante el concurso para Fiscal General

La acusación se presenta mientras el CPCCS desarrolla el concurso para reemplazar a la fiscal general Diana Salazar. La posible reunión es cuestionada por Peña debido a que Romero participa en ese proceso de selección.

El 30 de agosto de 2026, un día antes de que el CAL admitiera el pedido de juicio político, Rosero apeló ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) su exclusión de la lista de postulantes a la reelección como consejero del CPCCS para el período 2027-2031. Al momento de la calificación del juicio político, el tribunal aún no había resuelto esa apelación.

El caso también tiene un antecedente legislativo. El 12 de enero de 2026, el CAL dejó sin efecto una solicitud de juicio político contra Rosero y otros consejeros del CPCCS debido a inconsistencias en las firmas de respaldo y en la identificación de las autoridades señaladas.

Ese trámite fue distinto al actual. El nuevo pedido fue presentado por Peña, admitido por el CAL el 31 de agosto y calificado por la Comisión de Fiscalización el 5 de septiembre.

La Comisión deberá revisar las pruebas

Después de la calificación, Rosero y Peña serán notificados. Cada uno tendrá 15 días para presentar sus pruebas de descargo y de cargo, respectivamente. Luego se desarrollará la fase de práctica de pruebas, que puede incluir documentos, testimonios y otros elementos relacionados con la acusación.

En esa etapa se deberá determinar si el supuesto encuentro ocurrió, cuándo se produjo, quiénes participaron y si tuvo relación con el concurso para Fiscal General. También deberá revisarse el origen y la autenticidad de las fotografías y videos mencionados por Peña.

Concluida la fase probatoria, la Comisión de Fiscalización elaborará un informe para el Pleno de la Asamblea. Ese documento podrá recomendar que el proceso continúe hacia una eventual censura y destitución o que sea archivado.

La Asamblea Nacional está integrada por 151 legisladores. Si el Pleno llegara a votar una censura y destitución que requiera las dos terceras partes, serían necesarios 101 votos.

El juicio político todavía se encuentra en una fase inicial. El punto que deberá probarse es si la supuesta reunión existió y si, por sus circunstancias y relación con el concurso, constituyó un incumplimiento de las funciones de Rosero. El resultado dependerá de las pruebas que presenten las partes, del análisis de la Comisión de Fiscalización y de la decisión final del Pleno.