Jueza pide auditar clínicas tras hospitalizaciones de Abdalá Bucaram antes de su sentencia
El caso Pruebas COVID investiga la venta irregular de 21.000 pruebas durante la pandemia. Ahora una jueza pide auditar clínicas tras las hospitalizaciones de Bucaram.
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Para entender
- Bucaram es juzgado por presunta delincuencia organizada en un caso que investiga la comercialización irregular de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos durante la pandemia.
- La Fiscalía pidió una condena para Bucaram, su hijo Jacobo y otros dos procesados el 14 de mayo de 2026. El Tribunal todavía debe comunicar su decisión.
- La jueza Ivone Vásquez señaló coincidencias entre las hospitalizaciones de Bucaram y las fechas de audiencias y planteó auditar tres casas de salud.
La jueza Ivone Vásquez puso bajo revisión las hospitalizaciones de Abdalá Bucaram en medio de los intentos del tribunal por comunicar la sentencia del caso Pruebas COVID-19, un proceso judicial que comenzó durante la pandemia y que lleva años sin una resolución de primera instancia.
El caso no trata simplemente sobre la venta de pruebas médicas. La Fiscalía acusa a Bucaram, a su hijo Jacobo Bucaram y a otras dos personas de haber colaborado con una estructura de delincuencia organizada que habría comercializado irregularmente 21.000 pruebas rápidas de COVID-19, mascarillas y otros insumos médicos durante 2020. La acusación también sostiene que la estructura utilizó bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito para movilizar productos hacia Guayaquil.
La Fiscalía pidió una sentencia condenatoria para los cuatro procesados el 14 de mayo de 2026, después de que el juicio acumulara más de 100 elementos de prueba entre testimonios, pericias y documentos. Desde entonces, el Tribunal integrado por Gandhy Cervantes, Ivone Vásquez y Pablo Coello debía comunicar su resolución.
El caso lleva años y la sentencia todavía no se conoce
El proceso se remonta a 2020, cuando la Fiscalía investigó una presunta estructura dedicada a la comercialización irregular de pruebas de COVID-19 e insumos médicos. En 2021, Abdalá Bucaram y su hijo fueron llamados a juicio por presunta delincuencia organizada.
El juicio finalmente se instaló el 11 de abril de 2025, después de siete diferimientos. La fase de juzgamiento avanzó durante 2025 y 2026 y concluyó con los alegatos de las partes. El 14 de mayo de 2026, la Fiscalía pidió condenar a los cuatro procesados.
Pero la lectura de la resolución volvió a aplazarse.
El 3 de julio de 2026 estaba previsto que el Tribunal anunciara su decisión, pero la audiencia no se instaló por un pedido de diferimiento de la defensa de Bucaram. Después hubo nuevos intentos. El 26 de agosto, la diligencia volvió a fallar porque Bucaram no compareció y su defensa informó que permanecía en una unidad de cuidados intensivos.
El problema llegó nuevamente a septiembre.
La jueza cuestionó la coincidencia entre hospitales y audiencias
El 2 de septiembre de 2026, Bucaram ingresó a una clínica de Guayaquil. Para el día siguiente estaba prevista una nueva diligencia relacionada con la sentencia.
El 3 de septiembre, la audiencia no pudo realizarse y el tribunal dispuso una orden de aprehensión para garantizar la comparecencia de Bucaram. La medida quedó condicionada a que reciba el alta médica.
En medio de este escenario, durante una audiencia de hábeas corpus, la jueza Ivone Vásquez señaló que había identificado coincidencias entre las fechas de algunas hospitalizaciones de Bucaram y las audiencias judiciales. También se expusieron episodios en los que agentes acudieron a verificar su estado y lo encontraron en terapia intensiva.
Por eso, la jueza planteó auditar tres casas de salud para revisar las circunstancias de esas atenciones médicas.
La revisión no determina por sí sola que una hospitalización haya sido falsa. Lo que está bajo revisión son las circunstancias y los documentos relacionados con esas atenciones, especialmente por su coincidencia con las fechas en las que Bucaram debía comparecer ante el tribunal.
La defensa sostiene que Bucaram tiene problemas cardíacos y que su estado de salud le impide acudir a la diligencia. Esa versión médica es parte de la discusión que el tribunal debe valorar.
Mientras tanto, la sentencia sigue pendiente. Lo que está en juego no es una nueva audiencia para juzgar a Bucaram, sino la comunicación de la decisión del tribunal sobre un proceso iniciado por la presunta comercialización irregular de pruebas de COVID-19 durante la pandemia.
Ahora hay dos asuntos paralelos: Bucaram debe permanecer bajo atención médica mientras no reciba el alta y, una vez que pueda salir de la clínica, la orden de aprehensión sigue vigente para garantizar su comparecencia. Al mismo tiempo, la jueza busca revisar las hospitalizaciones que coincidieron con las diligencias judiciales.
