Abdalá y Jacobo Bucaram reciben 9 años y 4 meses por el caso Pruebas COVID-19 tras seis audiencias fallidas

Para entender

• El Tribunal declaró culpables a Abdalá y Jacobo Bucaram como colaboradores de delincuencia organizada; la pena es de 9 años y 4 meses.
• La lectura de la sentencia se frustró seis veces, principalmente por la ausencia de Abdalá Bucaram durante sus hospitalizaciones; el 3 de septiembre el Tribunal ordenó su aprehensión cuando recibiera el alta.
• El caso se originó en la comercialización de unas 21.000 pruebas rápidas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020. Fiscalía presentó más de 100 elementos de prueba y pidió condena para los cuatro procesados.

La sentencia que durante semanas no lograba ser escuchada finalmente fue anunciada este 9 de septiembre de 2026. El Tribunal de Garantías Penales de Quito condenó al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram a 9 años y 4 meses de prisión, como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del caso Pruebas COVID-19.

La condena llegó después de seis intentos fallidos para instalar la audiencia de lectura. El último se produjo el 3 de septiembre, cuando Abdalá Bucaram permanecía internado en una clínica de Guayaquil. El Tribunal había dispuesto que, una vez recibiera el alta médica, fuera aprehendido para garantizar su comparecencia.

La esposa del expresidente, María Rosa Pulley, presentó un hábeas corpus para impedir que esa orden se ejecutara sin una nueva valoración médica. La Corte Provincial de Justicia del Guayas negó el recurso el 7 de septiembre y mantuvo vigente la orden de aprehensión.

Seis suspensiones antes de llegar al fallo

El expediente acumula una cadena de diferimientos desde el inicio del juicio. Fiscalía registra que entre 2023 y 2025 hubo tres nuevos aplazamientos y que, en uno de ellos, la audiencia no pudo instalarse por un incidente de la defensa de Sheinman Oren relacionado con la falta de un traductor. El juicio finalmente se instaló el 11 de abril de 2025, después de siete diferimientos.

La etapa de juzgamiento continuó durante 2025 y 2026. Fiscalía informó que concluyó la presentación de más de 100 elementos de prueba, entre pericias, testimonios y documentos, relacionados con una estructura que habría intervenido en la negociación irregular de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 entre marzo y agosto de 2020.

El 14 de mayo de 2026, la fiscal Lidia Sarabia presentó su alegato de cierre y pidió sentencia para los cuatro procesados. Desde entonces, el Tribunal entró en la fase final de deliberación, pero la lectura de la resolución volvió a frustrarse por distintas circunstancias.

Entre los problemas estuvieron la ausencia del juez ponente, la falta de un abogado y de la perita traductora en una convocatoria de agosto, y posteriormente las hospitalizaciones de Bucaram. En las últimas tres convocatorias antes del fallo, su ausencia fue el factor que impidió instalar la diligencia.

La última audiencia volvió a sufrir problemas técnicos

La audiencia del 9 de septiembre comenzó pasadas las 17:00 con Abdalá Bucaram conectado de manera telemática desde Guayaquil. El expresidente había solicitado el alta médica para poder escuchar la resolución.

Pero el tribunal tampoco pudo avanzar de inmediato. Sheinman Oren, ciudadano israelí procesado en la causa, no tenía una traductora presencial. La perita Carolina Cruz estaba conectada de forma remota, pero reportó problemas de internet y además se encontraba fuera de Quito. El juez Gandhy Cervantes concedió varios recesos y finalmente dispuso que un equipo policial acudiera por la traductora para trasladarla al Complejo Judicial Norte.

La audiencia también estuvo marcada por una recusación planteada contra el Tribunal y por la renuncia, ese mismo 9 de septiembre, del abogado Anthony Fernando González a la defensa técnica de Jacobo Bucaram. La recusación no suspendió la diligencia.

El caso comenzó en 2020. La Fiscalía sostiene que los procesados participaron en una estructura que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de pruebas rápidas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria. La investigación también señaló el uso de bienes y servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito para trasladar y custodiar parte de la mercadería.

En el proceso ya existían dos condenas anteriores. Los exagentes de tránsito Kléver A. y Jhonny S. aceptaron su responsabilidad mediante procedimiento abreviado; sus penas fueron posteriormente reducidas a 3 años y 4 meses.

La sentencia de este 9 de septiembre cambia el estado del proceso para Abdalá y Jacobo Bucaram: pasan de procesados a condenados en primera instancia, con una pena de 9 años y 4 meses reportada por Fiscalía.

Antes de conocer el fallo, Abdalá Bucaram publicó una carta en X en la que afirmó que esperaba una condena de entre cinco y siete años y sostuvo que después de la sentencia podría defenderse y acudiría a instancias internacionales. También cuestionó las actuaciones del proceso y pidió al Tribunal que lo declarara inocente.

La Fiscalía, por su parte, había cuestionado públicamente las reiteradas suspensiones. Tras la sexta audiencia fallida, la fiscal del caso pidió que se investigaran las dilaciones del proceso.

Al cierre de esta edición, la reacción pública posterior a la sentencia de Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram y los otros procesados todavía no consta de forma verificable en una fuente primaria. La reacción de Bucaram disponible corresponde a las horas previas al fallo.