Por El enriquecimiento ilícito es el delito que comete el servidor público cuyo patrimonio aumenta de forma injustificada durante su gestión, sin que pueda explicar el origen lícito de ese incremento.
Por qué te afecta. Es una de las pocas herramientas que permiten actuar cuando no se puede probar el acto de corrupción específico, pero sí el resultado: un funcionario que entró con poco y salió con mucho.
Cómo funciona. Se apoya en las declaraciones patrimoniales juradas que todo servidor público debe presentar al inicio y al final de sus funciones. La comparación entre ambas, contrastada con sus ingresos declarados, es el punto de partida de la investigación.
El error común. No invierte la carga de la prueba al punto de presumir culpabilidad: la Fiscalía debe acreditar el incremento y su falta de justificación. Lo que sí hace es exigir al funcionario que explique el origen de su patrimonio, algo que aceptó al asumir el cargo.
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