La reforma para bloquear llamadas desde las cárceles todavía no está aprobada: estos son los pasos que faltan

Al 27 de agosto de 2026, el proyecto que busca impedir las telecomunicaciones no autorizadas desde las cárceles todavía no es ley.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional continúa preparando el informe que permitirá llevarlo al primer debate del Pleno.

Para entender

• El proyecto sigue en la Comisión: todavía no llega al primer debate y no tiene fecha de entrada en vigencia.
• El alcance va más allá del bloqueo: incluye obligaciones para operadoras, control de señales y protección de comunicaciones legales.
• Lo que sigue: informe de Comisión, primer debate, segundo informe, segundo debate, votación y trámite ante el Ejecutivo.

¿Qué ha pasado con el proyecto?

El proyecto fue presentado el 28 de enero de 2026 por el asambleísta Ferdinan Álvarez.

El 21 de febrero, el Consejo de Administración Legislativa calificó la iniciativa y la remitió para su trámite.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral conoció el proyecto el 18 de mayo.

Desde entonces, la Comisión ha recibido observaciones para preparar el informe para primer debate. La iniciativa también fue unificada con otro proyecto sobre sistemas de videovigilancia.

En agosto, el análisis continuó:

• 5 de agosto: la Comisión recibió a la Corte Nacional de Justicia y al Ministerio de Defensa.
• 20 de agosto: recibió observaciones de especialistas en tecnología, telecomunicaciones y seguridad.
• 25 de agosto: escuchó a Crime Stoppers y a la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC).
• 26 de agosto: incorporó nuevas observaciones de especialistas jurídicos.

La Comisión todavía debe cerrar el texto y presentar el informe para primer debate.

¿Qué cambiaría si se aprueba?

La propuesta busca que los centros de privación de libertad sean considerados zonas de seguridad en telecomunicaciones.

Eso permitiría aplicar sistemas para restringir y gestionar señales dentro de las cárceles y detectar comunicaciones no autorizadas.

El proyecto también plantea que las empresas de telecomunicaciones colaboren técnicamente con estas medidas.

Pero la reforma no consiste simplemente en “apagar la señal” alrededor de una cárcel.

Uno de los principales problemas técnicos es evitar que el bloqueo dentro del centro afecte a las personas que viven, trabajan o circulan en los alrededores.

La propuesta contempla que las medidas se apliquen de manera que no produzcan interferencias perjudiciales fuera de los centros penitenciarios.

También hay una discusión sobre los datos.

La Corte Nacional de Justicia pidió precisar qué se considerará una telecomunicación no autorizada. Esto es importante porque en las cárceles también existen comunicaciones legales, como audiencias virtuales y contacto entre abogados y sus clientes.

¿Cómo podría afectar al ciudadano común?

Para una persona que vive o trabaja cerca de una cárcel, el objetivo del proyecto es que su servicio de telefonía continúe funcionando normalmente.

Es decir, una persona que esté fuera de un centro penitenciario no debería perder su señal porque se aplique una medida de restricción dentro de la cárcel.

Sin embargo, esa protección dependerá de cómo se diseñen, instalen y controlen los sistemas.

Para los usuarios de telefonía del resto del país, el proyecto no plantea un bloqueo general de llamadas.

El cambio directo sería para las operadoras. Si la reforma se aprueba, deberán cumplir las obligaciones técnicas que establezcan las autoridades para impedir las comunicaciones no autorizadas desde los centros penitenciarios.

También existe un componente de protección de datos.

Si los sistemas permiten detectar o rastrear comunicaciones, deberá definirse qué información puede recopilarse, quién puede acceder a ella y bajo qué controles.

Por eso, el alcance de la reforma no se limita a bloquear llamadas. También involucra redes móviles, tecnología, seguridad y datos personales.

¿Qué falta y cuáles son los plazos?

El proyecto todavía tiene varios pasos por delante. No existe una fecha oficial de entrada en vigencia.