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Para entender
- La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional allanaron la UPC de Iñaquito y una vivienda como parte de una investigación previa por presunto tráfico de influencias.
- El oficial investigado habría utilizado cerca de 30 grupos de WhatsApp para contactar a unos 900 policías y ofrecer la gestión de pases y traslados por montos de hasta USD 3.000.
- Las autoridades buscan determinar si existía una red de colaboradores, cuántas personas habrían pagado y si los traslados ofrecidos llegaron a concretarse.
La Fiscalía General del Estado ejecutó dos allanamientos en Quito este jueves 27 de agosto de 2026 como parte de una investigación previa por presunto tráfico de influencias en la asignación de pases y traslados de servidores policiales.
Uno de los inmuebles intervenidos fue la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del circuito Iñaquito, en el norte de la capital, además del domicilio del uniformado investigado.
Durante el operativo fue aprehendido un teniente de la Policía Nacional en servicio activo para la respectiva audiencia de formulación de cargos.
La captación digital a través de grupos de mensajería
Las investigaciones se desarrollaron durante cinco meses y llevaron a los allanamientos de este jueves. Según la investigación, el oficial habría utilizado cerca de 30 grupos de WhatsApp para contactar a unos 900 policías.
A través de estos canales digitales, el investigado presuntamente ofertaba gestionar pases y traslados a cambio de cobros que alcanzaban hasta USD 3.000 por trámite.
Durante las diligencias se incautaron una computadora portátil y un teléfono celular como indicios para la investigación.
La investigación busca determinar el alcance de la presunta red
Las autoridades buscan establecer si existió una red de colaboradores, cuántas personas habrían entregado dinero y si los traslados ofrecidos llegaron a concretarse.
La investigación también deberá determinar el alcance de la participación del oficial y si otras personas estuvieron involucradas en la presunta gestión irregular de los pases.
El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años para el delito de tráfico de influencias. La norma sanciona a servidores públicos que, valiéndose de sus facultades o de relaciones personales o jerárquicas, ejerzan influencia sobre otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o los de terceros.
El caso tiene además un antecedente relevante: entre 2014 y 2015, la Fiscalía investigó la denominada red de venta de pases policiales del caso Estrella Dorada, en la que se procesó a funcionarios por una estructura que habría cobrado entre USD 1.000 y USD 2.000 por traslados.
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